Nutrido grupo de ciudadanos presenta recurso de amparo contra el Presidente de Costa Rica
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Por María Inés Franck
Septiembre de 2015
El 15 de septiembre pasado, un grupo de legisladores de la República, médicos, bioeticistas, microbiólogos, abogados, sacerdotes, ciudadanos y ciudadanas en general presentaron un recurso de amparo contra el Presidente de Costa Rica, el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Salud. El motivo de esta acción fue la promulgación del Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S, mediante el cual se reguló pretorianamente la fecundación in vitro en ese país luego de la intensa presión ejercida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y del cual informáramos oportunamente (http://observatoriointernacional.com/?p=2177).
Los fundamentos de la demanda, apoyados por serias y exhaustivas citas de textos legales y jurisprudenciales, radican en la alegada violación al principio de reserva de la ley, de autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, inviolabilidad de la vida humana, falta de cumplimiento con formalidades necesarias en materia reglamentaria, intromisión del Poder Ejecutivo en las competencias del Legislativo, violación de Convenciones Internacionales suscriptas por Costa Rica y ratificadas por el Poder Legislativo de ese país, y falta de garantía de los derechos fundamentales de los sujetos involucrados en las técnicas de fecundación in vitro.
El amparo y consecuente acción de inconstitucionalidad se interpone a favor del concebido no nacido por violación y/o amenaza a su derecho fundamental a la vida (art. 21 de la Constitución Política), y también a favor de personas fecundadas in vitro por violación y amenaza a su derecho fundamental a saber quiénes son sus padres (art. 53 de la Constitución Política). Asimismo, se alega la violación de intereses difusos y colectivos de los asegurados directos e indirectos (contribuyentes y usuarios) de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a lo relacionado con el funcionamiento de dicha Caja, su autonomía, las cargas que se le imponen asumir y el servicio que presta. Se recuerda que la Caja, respondiendo a una consulta presidencial, había dado a conocer serias falencias jurídicas, técnicas y científicas del Decreto del Poder Ejecutivo antes de su promulgación. A pesar de ello, el Decreto presidencial estipula que la Caja Costarricense de Seguro Social incluya la FIV, de forma paulatina y progresiva, en sus programas de salud (art. 14).
La sociedad costarricense responde así con energía al abuso de poder del Ejecutivo, que acaba de regular por decreto lo que el Congreso se resistía a ordenar por ley
