Familia

Ministro de salud ve “inconveniente” informar a los padres sobre vacunación contra el VPH

Minsalud VPHLas declaraciones del ministro fueron dichas durante el debate convocado por la senadora conservadora Nadia Blel Scaf, para que el Ministro de Salud respondiera por la crisis de salud en el municipio de Carmen de Bolívar luego de la aplicación de la vacuna contra el VPH. Según el ministro, la causa más probable de la crisis de las menores, es simplemente una “psicogenia masiva” provocada por miedo a la vacuna.

La senadora citante, Nadia Blel, se declaró sorprendida por el hecho de que no se han completado los índices de vacunación de otras vacunas que son fundamentales para la población infantil, mientras que el gobierno ha hecho un esfuerzo impresionante por implementar esta vacuna Gardasil. El gobierno adquirió más de 5 millones de dosis, a un costo total de 92 millones de dólares y ya se ha vacunado a cerca de 3 millones de niñas. También señaló el hecho de que en el momento en que cuando se recibieron los primeros informes de efectos adversos, el primer funcionario enviado por el Ministerio de Salud fue un psicólogo, cuando las primeras hipótesis eran por intoxicación con alimento, agua o plaguicidas. Lo único que tenían las niñas en común era que habían recibido la vacuna Gardasil.

Entre las principales irregularidades denunciadas por la senadora, sobresale el hecho de que según los protocolos del Ministerio “para eliminar las barreras de acceso a la vacunación”, no debía requerirse consentimiento informado sino desistimiento. Es decir que si los padres no desean que las menores sean vacunadas, deben firmar un desistimiento informado, de lo contrario se asume el consentimiento, pero la realidad es que se está vacunando a las menores sin que sus padres se enteren.

La senadora también denunció que entre las contraindicaciones y precauciones de la vacuna se advierte que puede provocar síncope, y que no se debe aplicar a mujeres con algún trastorno de la coagulación, o en estado de embarazo, y nunca se examinó estas condiciones en las niñas de Carmen de Bolívar. Tanto así, que la vacuna fue aplicada a niñas en estado de embarazo. “Hay una niña que no estuvo dentro de las primeras atendidas, y que tiempo después de la aplicación de la vacuna, desarrolló leucemia. Si se le hubiera preguntado a sus padres, el Ministerio habría sabido que ella sufría de anemia”, dijo.

A su vez, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recordó que las recomendaciones de las agencias de salud internacionales son reiterativas en torno a la vacunación contra el VPH. Explicó que la OPS no recomienda el consentimiento informado por ser tener efectos negativos al generar desconfianza ante las vacunas. Calificó de “inconveniente” la propuesta de la senadora Blel de que el esquema contemple hablar primero con los padres e informarles sobre la vacuna: “Reunirse con cada padre y decirles que primero hay que realizar examen a cada niña, es echar al traste el esquema completo de vacunación”, afirmó.

Sobre las denuncias por efectos adversos, dijo que “uno tiene en esto que decidir a quién creerle, si a todo el estamento científico internacional, a revistas científicas de todo el mundo, o a un charlatán de internet: Todo el acerbo científico recolectado afirma, de manera casi definitiva, que la vacuna es segura”. Reconoció que subestimaron en un principio lo que estaba pasando en el municipio de Carmen de Bolívar, aunque insistió en que “la hipótesis que está manejando el Ministerio de Salud es una reacción psicógena masiva con posterioridad a la vacunación”.

Por su parte, la procuradora Ilva Myriam Hoyos, delegada para los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, recalcó que desde el año 2013 la Procuraduría envió una comunicación al Ministro de Salud, expresando las preocupación por las varias comunicaciones que habían llegado desde el departamento de Antioquia. “Aquí se ha hablado de ‘histeria colectiva’, ‘fracasomanía’, ‘psicogenia masiva’, y estamos de acuerdo en señalar que el caso se subestimó. Este no es un problema de fracaso de una política pública, sino de violación de los derechos fundamentales de las menores de edad.”

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